JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-1746/2011 Y ACUMULADOS

ACTORES: JESÚS ACOSTA MEDINA Y OTROS

ÓRGANOS RESPONSABLES: COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL REGISTRO NACIONAL DE MIEMBROS Y COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, AMBAS DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIOS: HERIBERTA CHÁVEZ CASTELLANOS Y VALERIANO PÉREZ MALDONADO

México, Distrito Federal, a veintidós de junio de dos mil once.

VISTOS, para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, turnados a las Ponencias identificados con base al primer número de expediente de cada relación tal y como se indica a continuación:

        Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza:

        Ponencia del Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar:

        Magistrado Pedro Esteban Penagos López:

        Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa:

        Ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza:

        Ponencia del Magistrado Flavio Galván Rivera:

        Ponencia del Magistrado José Alejandro Luna Ramos:

Todos promovidos en contra de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros y de la Comisión Nacional de Elecciones, ambas del Partido Acción Nacional, a fin de impugnar la publicación de los listados nominales electorales definitivos para el procedimiento interno de selección de candidatos de ese partido político en el Estado de Michoacán; y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De la narración de hechos que los actores hacen en los respectivos escritos de demanda, así como de las constancias que obran en autos, se advierten los antecedentes siguientes:

1. Solicitud de afiliación. En diversas fechas, los actores presentaron ante el órgano competente del Partido Acción Nacional, sendas solicitudes de afiliación como miembros adherentes y activos, de ese instituto político.

2. Publicación de listados nominales definitivos. El dieciocho de mayo del año que transcurre, fue publicado el listado nominal definitivo de electores para los procesos internos de selección de candidatos del Partido Acción Nacional para el Estado de Michoacán.

SEGUNDO. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El veintidós de mayo de dos mil once, los actores presentaron escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de impugnar el listado publicado el dieciocho de mayo del presente año.

1. Recepción de expedientes en Sala Superior. El veintisiete de mayo de dos mil once, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior los escritos de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, remitidos por la Secretaria General del Partido Acción Nacional, promovidos por los actores.

2. Registro y turno a Ponencia. El treinta de mayo siguiente, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante diversos acuerdos ordenó integrar y registrar los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como turnarlos para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los cuales quedaron especificados en el preámbulo de esta resolución. En la misma fecha, el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior, en cumplimiento de los acuerdos en comento, remitió los expedientes a las Ponencias indicadas; y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente formalmente para conocer y resolver los medios de impugnación identificado en el proemio de esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 79, párrafo 1, 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidos por diversos ciudadanos, por su propio derecho, en contra de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros y de la Comisión Nacional de Elecciones, ambas del Partido Acción Nacional a fin de controvertir la omisión de incluirlos en la Lista Nominal de Electores definitivo para los procesos de selección internos de candidatos del Partido Acción Nacional en Michoacán, situación que, señalan los actores, les impide participar en la próxima elección interna para elegir candidato a Gobernador del Estado de Michoacán, razón por la cual es inconcuso que la competencia para conocer y resolver la controversia planteada se actualiza para esta Sala Superior.

SEGUNDO. Acumulación. En concepto de esta Sala Superior, procede acumular los juicios precisados en el preámbulo de esta resolución, toda vez que de la lectura de los escritos de demanda y demás constancias que dieron origen a los expedientes de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se han mencionado, se advierte lo siguiente:

I. Acto impugnado. En cada uno de los juicios que se identifican en el preámbulo de esta resolución, los actores señalan como acto impugnado el acuerdo emitido el dieciocho de mayo de dos mil once, mediante el cual la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional ordenó la publicación de los listados nominales de electores definitivos para el procedimiento interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional en el Estado de Michoacán.

II. Órganos partidistas responsables. Los demandantes señalan, en cada uno de los aludidos medios de impugnación, como órganos partidistas responsables a la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros y a la Comisión Nacional de Elecciones, ambas del Partido Acción Nacional.

III. Argumentos de los enjuiciantes. Los actores aducen, como único concepto de agravio, que los órganos partidistas responsables, no obstante haber efectuado los trámites de afiliación en tiempo y forma ante las instancias competentes del partido y antes del veinte de noviembre de dos mil diez, sin fundamento y motivo alguno, omiten incluirlos en el listado nominal de electores para los procedimientos de selección internos de candidatos del Partido Acción Nacional en dos mil once, lo que en su concepto vulnera lo previsto en los artículos 9 y 10, del Estatuto de su partido y les impide participar en la elección interna para elegir candidato a Gobernador del Estado de Michoacán, así como sus derechos político-electorales.

En este contexto, es evidente que los actores controvierten actos similares, señalan a los mismos órganos partidistas responsables, expresan conceptos de agravio semejantes y tienen una pretensión de idéntica naturaleza en cada caso; por tanto, atendiendo al principio de economía procesal, a fin de resolver de manera conjunta, expedita y completa, los medios de impugnación precisados en el preámbulo de esta sentencia; con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 86 del Reglamento Interno de este órgano judicial especializado, lo procedente es acumular al juicio identificado con la clave de expediente SUP-JDC-1746/2011, los juicios ciudadanos relacionados en el preámbulo de la presente resolución.

Lo anterior, porque el expediente identificado con la clave SUP-JDC-1746/2011, fue el que se integró primero en la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, y se registró, en el mismo orden, en el Libro de Gobierno de esta Sala Superior; en este contexto, siendo conforme a Derecho la acumulación de los juicios mencionados, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERO. Causa de improcedencia. Esta Sala Superior considera que, en los juicios precisados en el preámbulo de esta resolución, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relacionada con la causal de sobreseimiento prevista en el numeral 11, párrafo 1, inciso b), de la misma ley procesal, porque los medios de impugnación han quedado sin materia, como lo aduce la responsable en su informe circunstanciado.

En efecto, el artículo 9, párrafo 3, de la Ley antes citada establece que los medios de impugnación son improcedentes y se deben desechar de plano cuando, entre otras causales, la notoria improcedencia derive de las disposiciones de la misma ley procesal electoral federal.

A su vez, en el artículo 11, párrafo 1, inciso b), del mismo ordenamiento legal, se establece que procede el sobreseimiento del medio de impugnación cuando la autoridad responsable, del acto o resolución reclamado, lo modifique o revoque, de manera tal que quede totalmente sin materia, antes de que se dicte la resolución o sentencia atinente.

Como se puede advertir, en esta disposición se encuentra la previsión sobre una auténtica causal de improcedencia de los medios de impugnación y, a la vez, la consecuencia a la que conduce.

Cabe mencionar que la citada causal de improcedencia contiene dos elementos, según se advierte del texto del precepto: uno, consistente en que la autoridad o el órgano responsable del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque y, otro, que tal decisión genere como efecto que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, antes de que se dicte resolución o sentencia, en el juicio o recurso respectivo. Sin embargo, sólo este último componente es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de impugnación quede totalmente sin materia, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es sólo el medio para llegar a esa situación.

Es pertinente señalar que el proceso tiene por finalidad resolver una controversia de intereses, de trascendencia jurídica, mediante una sentencia, que debe emitir un órgano del Estado, imparcial e independiente, dotado de facultades jurisdiccionales. Esta sentencia se caracteriza por ser vinculatoria para las partes litigantes.

Un presupuesto indispensable para todo proceso está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio, que en la definición de Carnelutti, completada por Niceto Alcalá Zamora y Castillo, es el conflicto de intereses, de trascendencia jurídica, calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro; esta contraposición de intereses jurídicos es lo que constituye la litis o materia del proceso.

Así, cuando cesa, desaparece o se extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de existir la pretensión o la resistencia, el proceso queda sin materia y, por tanto, ya no tiene objeto alguno continuar con la etapa de instrucción, la cual tiene el carácter de fase de preparación de la sentencia. Asimismo, pierde todo objetivo el dictado de la sentencia de fondo, es decir, la que resuelva el litigio.

Ante esta situación, lo procedente, conforme a Derecho, es dar por concluido el juicio o proceso, mediante el dictado de una sentencia de desechamiento de la demanda, siempre que tal situación se presente antes de la admisión de la demanda o bien mediante una sentencia de sobreseimiento, si la demanda ya ha sido admitida.

Ahora bien, aun cuando en los juicios y recursos que en materia electoral se siguen, contra actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos, la forma normal y ordinaria de que un proceso queda sin materia consiste en la que ha tipificado el legislador, que es la revocación o modificación del acto o resolución impugnado, esto no implica que sea ese el único modo de generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso como producto de un distinto acto, resolución o procedimiento, también se actualiza la causal de improcedencia en comento.

Tal criterio ha sido sostenido por esta Sala Superior, como se advierte de la lectura de la jurisprudencia identificada con el número 34/2002, consultable a páginas trescientas veintinueve a trescientas treinta de la Compilación de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral 1997-2010”, Volumen 1, Jurisprudencia, publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: “IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA”.

En la especie, se surten los elementos esenciales de esta causal de improcedencia, porque el planteamiento expuesto por los promoventes es que al no estar incluidos en el listado nominal de electores definitivo para los procedimientos de selección internos de candidatos del Partido Acción Nacional en Michoacán en el año dos mil once, circunstancia que, señalan los actores, les impide participar en la próxima elección interna para elegir candidato a Gobernador de la entidad, por lo que consideran que se les viola su derecho de votar.

Esto es así, en razón de que la Secretaria General del Partido Acción Nacional y a nombre de la Comisión de Vigilancia del Registro Nacional de Miembros del Consejo Nacional de dicho instituto político, en su informe circunstanciado expresa que los aquí promoventes sí están incluidos en la respectiva lista nominal de electores, al efecto, relaciona los nombres de los ciudadanos en particular, y ofrece como prueba un disco compacto que dice contener la totalidad de los miembros del Partido Acción Nacional en el Estado de Michoacán que están incluidos en esa lista nominal, y que podrán votar en los procedimiento internos de selección de candidatos en esa entidad federativa.

Ahora bien, de la revisión hecha al listado contenido en el informe circunstanciado con el del disco compacto, esta Sala Superior advierte que los actores señalados en el preámbulo de esta resolución, en efecto, están registrados en la lista nominal de mérito.

Aunado a que, no hay constancia en los expedientes, de la cual se pueda advertir que previo a la promoción de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, los demandantes ya estuvieran incluidos en la lista nominal electoral, pues al rendir el informe circunstanciado, el órgano partidista responsable, únicamente expresa que “….los 323 impugnantes, la TOTALIDAD de ellos se encuentran incluidos en la lista nominal definitiva, razón por la cual al haber dejado de existir la circunstancia específica que motivo la inconformidad…”

Por tanto, toda vez que los actores están registrados en la lista nominal de electores definitiva y que, como consecuencia de ello, podrán votar en los procedimientos internos de selección de candidatos en el Estado de Michoacán en el año dos mil once, es inconcuso que no existe la supuesta exclusión de los promoventes de la lista nominal, ni el impedimento para participar en el procedimiento interno de selección de candidato del Partido Acción Nacional al cargo de Gobernador del Estado de Michoacán.

En este contexto, los actores al estar incluidos en el listado nominal de electores definitivo, podrán votar en los procedimientos internos de selección de candidato que se lleven a cabo en el Estado de Michoacán, con lo que se cumple lo previsto en el artículo 36 TER del Estatuto, así como los artículos 48 y 49 del Reglamento de Selección de Candidatos a Cargos de Elección Popular, ambos del Partido Acción Nacional, de ahí que resulte inconcuso que los juicios que se analizan quedaron sin materia, porque la litis en estos casos, se centra en la misma pretensión fundamental de que se les inscriba en ese listado.

En consecuencia, ha lugar a desechar de plano las demandas presentadas por los promoventes precisados en el proemio de esta resolución, de conformidad con lo previsto en los artículos 9, párrafo 3, y 11, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por último, esta Sala Superior advierte que los actores señalaron como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, no obstante lo anterior, a efecto de que se pueda tener certeza del conocimiento oportuno por parte de los enjuiciantes y puedan ejercer sus derechos político-electorales, se ordena a los órganos partidistas responsables que notifiquen la presente resolución en los estrados de los comités estatal, y municipales de dicho instituto político en el Estado de Michoacán.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se acumulan al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave SUP-JDC-1746/2011, los diversos juicios precisados en el preámbulo de esta resolución.

SEGUNDO. Se ordena glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta resolución, a los expedientes de los juicios acumulados.

TERCERO. Se desechan de plano las demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovidas por los actores identificados en el preámbulo de esta resolución.

CUARTO.  Se ordena a los órganos partidistas responsables que notifiquen la presente resolución en los estrados de los comités estatal, y municipales del instituto político en el Estado de Michoacán.

NOTIFÍQUESE, por estrados a los actores, por ser el lugar que señalaron en las demandas para oír y recibir notificaciones; por oficio, con copia certificada de la resolución, a las responsables, y por estrados a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28 y 29, párrafos 1 y 3, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.